El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes (IRP) de la Unión Americana de Libertades Civiles defiende los derechos civiles y constitucionales de los inmigrantes a través de un programa integral de litigio "de impacto" y educación pública. El IRP presenta demandas constitucionales y colectivas (class action) para la protección de garantías históricas al recurso de apelación, para hacer que se cumplan prácticas justas de empleo, mantener seguros constitucionales en contra de detenciones y fallos sesgados de asilo político. Por diez años el IRP ha estado en el frente de cada lucha legal importante asegurando los derechos de los inmigrantes; este papel se ha convertido en algo crucial desde que se aprobaron las leyes de 1996 que provocaron los recortes mas drásticos y draconianos de los derechos de los inmigrantes en la historia.
El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes se estableció en 1987 para expander y hacer cumplir los derechos civiles y las libertades civiles de los no-ciudadanos y para combatir la discriminación pública y privada en contra de los inmigrantes. Desde sus oficinas en Nueva York y Oakland, el IRP litiga casos en las cortes federales en todo el país y provee apoyo legal a organizaciones de abogacía y grupos comunitarios. Defendiendo los derechos de los inmigrantes es uno de los principios de la ACLU desde su fundación; el IRP es fiel a ese compromiso histórico. La necesidad de proteger los derechos de los inmigrantes ha aumentado mientras que los inmigrantes se han convertido en chivos expiatorios durante varios momentos históricos difíciles de caracter social y económico. En 1996, en el apogeo de la hostilidad anti-inmigrante que no había visto su forma más virulenta desde principios del siglo XX, el Congreso aprobó una nueva ley punitiva, discriminatoria y como mínimo constitucionalemente errada, que tenía como objetivo atacar las garantías individuales y los derechos civiles tanto de inmigrnates nuevos como aquellos de largo plazo con residencia legal.
El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes actualmente trabaja en cuatro áreas de prioridad: restricciones inconstitucionales sobre el derecho al recurso de apelación, el proceso de exclusión rápida; nuevas reglas de detención indefinida y obligatoria; derechos de los trabajadores.
