ACLU Anuncia Acuerdo En Demanda Colectiva Que Termina Engañosas Practicas de Agencias De Inmigración

Agencias de Inmigración requeridas ha implementar reformas significantes para informar no-ciudadanos acerca de sus derechos

August 28, 2014

* * * * * * * * * *

NOTICIAS ACTUALIZADAS – 28 de Agosto del 2014BorderLitigationProject

El 28 de Agosto del 2014, la corte federal dio aprueba preliminar a la acción de los demandantes relacionada con la demanda colectiva. Ahora va ver un periodo de notificación de 120 días durante los cuales una compañía de comunicaciones no afiliado con la ACLU o el gobierno va tomar medidas para notificar a miembros potenciales de la demanda colectiva. Una audiencia en frente de un juez para decidir si la corte dará aprobación final al acuerdo está en el calendario para el 9 de febrero del 2015 a las 8:30 a.m.

ADVERTENCIA: Todavía no hay aprobación final del acuerdo y todavía no existe una aplicación para recibir alivia bajo este caso. No le crea a nadie que diga que lo puede inscribir ahora para un proceso de inmigración bajo este acuerdo. SI gusta más información acerca del acuerdo, visite www.salidavoluntariaacuerdo.com o llame 619-398-4189.

* * * * * * * * * *

7 de Agosto del 2014

SAN DIEGO y LOS ANGELES – La Unión Americana de Libertades Civiles y Cooley LLP hoy anunciaron un acuerdo histórico en una demanda colectiva, Lopez-Venegas v. Johnson, que alego practicas engañosas y amenazantes departe de agentes de inmigración. Reformas significantes al proceso conocido como “salida voluntaria” están en efecto inmediatamente, incluyendo revisiones de enorme importancia a la información que agentes de inmigración tienen que proporcionar a personas que van a elegir entre salida voluntaria y una audiencia en frente de un juez de inmigración.

El acuerdo también incluye previsiones para miembros de clase que, si aprobados por la corte, permitiría que ciertos ciudadanos Mexicanos que han sido expulsados del sur de California conforme a la practica errónea de salida voluntaria durante años pasados a regresar y reunirse con sus familias en los Estados Unidos.

El acuerdo es en respuesta a una demanda presentada en Junio del 2013 en que nueve ciudadanos Mexicanos y tres organizaciones que trabajan con inmigrantes retaron tácticas engañosas usadas por agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usados para convencer a demandantes a firmar sus propias órdenes de deportación. Todos los demandantes podrían haber presentado casos fuertes frente un juez de inmigración en vez de ser forzados a elegir salida voluntaria.

“Esta es una reforma substantiva de cómo la Patrulla Fronteriza y Inmigración conducen sus negocios,” dijo Sean Riordan, Abogado Principal para ACLU de los Condados de San Diego e Imperial. “Si las agencias cumplen con el acuerdo entero, las familias nunca más van a ser separadas como resultado de prácticas de agencias de inmigración que son basadas en mal información, engaños, y amenazas.”

La queja en la demanda Lopez-Venegas v. Johnson alega que de manera de práctica cotidiana, agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de Inmigración presionaron a inmigrantes indocumentados a firmar lo que equivalente sus propias órdenes de deportación. El procedimiento es formalmente conocido como “salida voluntaria administrativa,” pero mejor conocido como salida voluntaria, y ha sido usada para deportar cientos de miles de no-ciudadanos del Sur de California en años recientes. Porque las tácticas que emplean los oficiales de inmigración son amenazantes y engañosas, regularmente resulta en el rechazo involuntario de los derechos fundamentales del debido proceso. Un individuo que firma salida voluntaria rechaza sus derechos a una audiencia frente un juez de inmigración y usualmente es deportado a México en el plazo de unas horas. Los miembros de clase que son parte de la demanda (y el acuerdo) representan el número limitado de personas que eligieron salida voluntaria pero podrían haber presentado un caso fuerte para quedarse en los Estados Unidos si hubieran tenido una audiencia en frente de un juez de inmigración.

“Los Estados Unidos deriva su fuerza central al abrazar nociones de justicia y debido proceso bajo nuestra Constitución,” dijo Darcie Tilly, una asociada de la oficina de Cooley LLP en San Diego, quien trabajo en este proyecto con ACLU. “Estamos animados que esta demanda debe resultar en la suspensión de estas forzadas “salidas voluntarias”, el mejoramiento de importantes políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza, y si es aprobada por la corte, el procedimiento para la reunificación de individuos afectados y sus familias.”

Si es aprobado por la corte, el acuerdo va proporcionar a probablemente cientos o a miles de personas que llenen los requerimientos de la clase la oportunidad a reunirse con su familia de la que fueron separadas por salida voluntaria.

El acuerdo también requiere cambios esenciales en como agentes de inmigración tratan a personas que han sido arrestadas, incluyendo:

  • Dar información detallada en ingles y español por escrito y verbalmente acerca de qué significa firmar una forma de salida voluntaria
  • Crear, mantener, y asegurar acceso a un numero 1-800 que detalle los derechos y las consecuencias de firmar una forma de salida voluntaria
  • No  permitir que salida voluntaria sea una opción pre-seleccionada en sus formas
  • Proteger el derecho a una llamada telefónica, proporcionar a personas una lista de bufetes de abogados, y dar dos horas para que la persona se ponga en contacto con alguien antes de decidir si van a elegir firmar una forma de salida voluntaria
  • Asegurar que abogados tengan acceso a sus clientes cuando están detenidos por agencias de inmigración
  • Prohibir que agencias de inmigración usen presión o engaños para convencer a alguien que elija salida voluntaria.
  • Por tres años, el gobierno tiene que permitir que los abogados de la ACLU aseguren  que exista transparencia y responsabilidad conforme con este acuerdo.

La demanda colectiva fue presentada por la Fundación de ACLU de los Condados de San Diego e Imperial, la Fundación de ACLU del Sur de California, el proyecto de Derechos de Inmigrantes del ACLU, y Cooley LLP departe de los demandantes previamente mencionados, ninguno de cual tenía historial de crimines serios o violentos y la mayoría  fueron arrestados mientras que hacían  cosas de la vida diaria, por ejemplo esperar el autobús.

Todos estos individuos tienen familiares en los Estados Unidos y podrían haber recibido alguna forma de auxilio contra órdenes de deportación de un juez de inmigración o bajo algún programa del Departamento de Seguridad Nacional, pero oficiales de inmigración activamente no presentaron las consecuencias de elegir salida voluntaria y los presionaron a firmar sus propias órdenes de expulsión.

La demanda también fue presentada departe de demandantes de las organizaciones: Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el Centro de Oportunidad Económica de Pomona, y el Centro Comunitario de Servicios de San Bernardino, quienes han sido forzados a usar sus escasos recursos en respuesta a estas prácticas ilegales.

La porción de este acuerdo respecto a los miembros de clase ahora entra en un proceso de aprobación ante la corte. Los demandantes presentaron una moción para aprobación preliminar de los miembros de clase  en 18 de Agosto del 2014. Una audiencia para aprobación preliminar esta frente una corte federal en Los Angeles en el 8 de Septiembre del 2014.

Si la corte da su aprobación preliminar, es posible que una audiencia para aprobación final del acuerdo pase a al principio del 2015. Si la corte da su aprobación final del acuerdo, miembros de clase que llenan los requisitos del acuerdo – ciudadanos Mexicanos que firmaron salida voluntaria entre el 1 de Junio del 2009 y el 18 de Agosto del 2014 en el sector de la Patrulla Fronteriza de San Diego y en áreas que las oficinas de ICE en San Diego y Los Angeles cubren, y si calificaban para ciertas clases de cancelación de órdenes de deportación – van a poder aplicar para ser miembros de clase y regresar a sus familias.