ACLU de San Diego solicita respuestas sobre los arrestos ocurridos durante una pacífica vigilia en el lugar donde murió Alfred Olango

La ACLU preocupada por los “reportes de la comunidad de la “reacción agresiva de la policía” y los “arrestos potencialmente ilegales” ocurridos durante una pacífica vigilia

SAN DIEGO – En respuesta a un video publicado por un miembro de la comunidad de lo que parece ser una vigilia pacífica en el lugar donde murió Alfred Olango, la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial envió hoy una carta solicitando información al Departamento de Policía de El Cajon (ECPD) sobre el arresto de personas durante una vigilia en la noche del sábado, 1 de octubre de 2016.

Aunque ningún video necesariamente cuenta toda la historia, la información disponible plantea serias preguntas sobre la legalidad de los arrestos. Uno de los factores al declarar una reunión ilegal es la existencia de un peligro claro y presente de violencia inminente. La información disponible no muestra que la vigilia por si sola representara un peligro claro y presente de violencia inminente. Si no existía dicho peligro, declarar la reunión como ilegal solo es apropiado si los participantes están cometiendo o pretenden cometer un acto ilegal al “violar alguna otra ley en el proceso” de realizar la vigilia. No es evidente cuál ley violaron los participantes al llevar a cabo su pacífica vigilia.

En base a la información disponible, David Loy, Director Legal de la ACLU de San Diego, envió una carta solicitando una explicación al ECPD sobre las circunstancias que rodean el arresto de personas que participaban en una pacífica vigilia, así como de la decisión de declarar la reunión como ilegal. Se envió una copia de la carta al Alguacil del Condado de San Diego, ya que los agentes del alguacil aparentemente participaron en los arrestos.

Como el derecho que confiere la Primera Enmienda de protestar pacíficamente es tan importante, la ACLU de San Diego opinó que era importante dar seguimiento a los arrestos que ocurrieron este fin de semana para asegurar que las autoridades respeten el derecho a protestar pacíficamente que confiere la Primera Enmienda.

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