Agentes fronterizos acosan a estadounidenses por tomar fotos, amenazan con destruir las cámaras

Política inconstitucional atenta contra el derecho a documentar abusos amparado bajo la libertad de expresión

SAN DIEGO – La política y práctica del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. de prohibir el uso de cámaras y videograbadoras en o cerca de los puertos de entrada de los EE.UU. es inconstitucional, de acuerdo a una demanda interpuesta el día de hoy por la Comisión Fronteriza de la Unión Libertades Civiles Americanas y la firma legal Morrison & Foerster LLP. Los clientes en el pleito son dos ciudadanos estadounidenses que trataron de documentar problemas ecológicos y abusos a los derechos humanos cuando fueron detenidos e interrogados por agentes fronterizos, quienes posteriormente borraron sus fotografías. Los ciudadanos esperan que la corte le ordene al Departamento de Seguridad Nacional que ponga fin a su política de interferir con el derecho amparado bajo la libertad de expresión que tienen los estadounidenses de tomar fotografías y grabar en video los asuntos de interés político y que atenten en contra de los derechos humanos.

“La frontera no es una zona sin Constitución”, dijo David Loy, Director Legal de la ACLU de San Diego. “Los agentes fronterizos no están por encima de la ley y la ley garantiza nuestro derecho a pedirles que rindan cuentas documentando su conducta.”

 

La demanda indica que Ray Askins, ciudadano estadounidense que vive en Mexicali y Christian Ramírez, ciudadano estadounidense que vive en San Diego, fueron detenidos en incidentes separados en el lado de EE.UU. de la frontera.

Askins fue detenido al investigar la contaminación excesiva que producen los sistemas de inspección en la frontera para un reporte que iba a presentar en una conferencia del medio ambiente. Varios agentes fronterizos le dijeron que iban a “destruir la cámara” si no borraba las fotos que tomó del área de inspección secundaria en el Puerto de Entrada de Calexico. Estaba tratando de demostrar que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no utiliza de forma completa y apropiada las áreas de inspección, lo que aumenta el tiempo de espera en el cruce fronterizo y produce más contaminación proveniente de las emisiones de los vehículos que esperan para cruzar. Askins dijo que los oficiales que lo confrontaron se comportaron agresivamente a pesar de que Askins no representaba ninguna amenaza ni opuso resistencia. Fue esposado y sujeto a un registro corporal invasivo y vergonzoso. Su cámara fue confiscada y cuando se la regresaron, todas menos una de las fotos que acababa de tomar en el puerto de entrada habían sido borradas.

Ramírez, quien trabaja para Alliance San Diego, una organización de justicia social sin fines de lucro que entre otras actividades monitorea las violaciones a los derechos humanos a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, acababa de cruzar la frontera cuando vio a unos agentes del CBP palpando a unas mujeres. Tomó varias fotos porque le pareció que los agentes solo estaban inspeccionando mujeres. Inmediatamente dos hombres que parecían ser oficiales de seguridad privados se acercaron, le pidieron sus documentos de identificación personal y le dijeron que dejara de tomar fotografías. Los agentes del CBP aparecieron poco después, confrontaron a Ramírez y a su esposa y les preguntaron por qué estaban tomando fotografías. Cuando se rehusó a responder, uno de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas dijo, “Dame una razón más para someterte”. El oficial tomó los pasaportes de los Ramírez y el teléfono de él y borró todas las fotos que Ramírez acababa de tomar.

Las políticas oficiales del CBP prohíben que las personas que visitan las instalaciones que están bajo el control del CBP utilicen cámaras o aparatos de videograbación sin la aprobación previa de uno de los oficiales de alto rango del CBP o alguien que haya sido designado por él o ella. La demanda de la ACLU aduce que estas políticas violan la Primera Enmienda y que los estadounidenses, amparados por la libertad de expresión, tienen derecho a documentar las operaciones públicas de las agencias de la ley y el orden.

“Los estadounidenses tienen derecho a documentar las actividades de las agencias de la ley y el orden”, dijo M. Andrew Woodmansee, uno de los abogados de Morrison & Foerster. “El Departamento de Justicia recientemente señaló que el derecho de los ciudadanos de recabar información relacionada con los funcionarios gubernamentales—incluyendo tomar fotografías—‘cumple con uno de los intereses primordiales de la Primera Enmienda al proteger y promover la libre discusión de los asuntos gubernamentales.’  A pesar de que el gobierno está interesado en garantizar la seguridad de los Estados Unidos, no puede sofocar la libertad de expresión ni violar nuestro derecho a la seguridad de nuestra persona y de nuestros documentos.”

La Comisión Fronteriza de la ACLU cuenta con afiliados de la ACLU en San Diego, Arizona,Nuevo México y Texas.

La demanda busca evitar que el gobierno pueda prevenir o interferir con el derecho a la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda y solicita que Askins sea indemnizado por el maltrato al que fue sometido.