Agentes fronterizos acusados de abusar de ciudadanos estadounidenses y extranjeros por igual

La ACLU solicita una investigación de los abusos en los puertos de entrada y exige mayor supervisión y transparencia

SAN DIEGO – En una alarmante cantidad de casos, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza están haciendo uso excesivo de fuerza e ignorando los debidos procesos en los puertos de entrada de la frontera entre Estados Unidos y México, planteó la ACLU en una querella administrativa enviada el día de ayer al Departamento de Seguridad Nacional.

La carta incluye once testimonies de situaciones en las que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ignoraron los derechos civiles y humanos de las personas que cruzaban la frontera, en aparente violación de la Constitución de los Estados Unidos, las leyes internacionales y las normas de la agencia. La mayoría de las personas que se quejaron de abusos son ciudadanos de los Estados Unidos, residentes legales o estaban tratando de visitar los Estados Unidos legalmente.

“Simplemente no existe justificación para el abuso innecesario que los oficiales de CBP cometen con muchos viajeros,” dijo Sean Riordan, abogado de la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial. “Los oficiales de CBP le hacen saber a muchos viajeros que no tienen derechos. Pero el gobierno debe respetar los derechos básicos y constitucionales incluso cuando patrullan la frontera. Es inaceptable que CBP no haya establecido mecanismos de supervisión  y transparencia adecuados para prevenir que sus oficiales ataquen físicamente, detengan y abusen psicológicamente de los viajeros.”

Recientemente, varios incidentes de gravedad han resaltado la conducta de los oficiales de CBP en o cerca de los puertos de entrada de la frontera entre Estados Unidos y México. En mayo de 2010, Anastasio Hernández-Rojas, trabajador de la construcción de 42 años de edad y padre de cinco hijos, murió después de haber sido golpeado y de haber recibido una descarga eléctrica en manos de un grupo de unos 20 oficiales de CBP en el Puerto de Entrada de San Ysidro cerca de San Diego. La familia Hernández-Rojas cree que su muerte se debió al uso excesivo de fuerza y presentó una demanda en contra de CBP. En otro caso, en junio de 2010, Sergio Adrián Hernández Güereca, joven de 15 años de edad, recibió un disparo fatal de manos de un oficial de CBP después de tirarle piedras a unos oficiales cerca del Puerto de Entrada de El Paso.

La carta administrativa de la ACLU incluye evidencias de uso excesivo de fuerza; búsquedas personales injustificadas, invasivas y humillantes; detenciones injustificadas y repetitivas basadas en identificaciones erróneas y el uso de coerción para obligar a las personas a renunciar a sus derechos legales, documentos de ciudadanía y bienes.

En un ejemplo, Hernán Cuevas, comerciante chileno que estaba tratando de ingresar a los Estados Unidos con una visa válida, fue desnudado, registrado y detenido durante más de tres horas, sin ninguna explicación. Un oficial de CBP le dijo: “Me importan una mierda tus modales educados y tus mierdas corporativas. Este es mi país y cuando estás aquí, tienes que hacerme caso. No me gusta la gente como tú que nos quitan nuestros trabajos y usan nuestros sistema.”
“No podía creer que estaba en los Estados Unidos. Me quedé completamente perplejo”, dijo Cuevas. “El incidente fue tan extraño que parecía algo salido de otro país, de alguna ´república banana´ corrupta y sin democracia.”

Muchos de los testimonios incluyen recuentos de agentes de CBP atacando físicamente a mujeres y hombres, algunos de los cuales estaban esposados durante el ataque. Los testimonios también incluyen historias de búsquedas innecesarias e invasivas, las cuales hicieron que las personas afectadas se sintieran como si hubieran sido abusadas sexualmente.

La carta solicita la investigación de cada una de las acusaciones de abuso. También solicita que el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional realice una investigación exhaustiva de las quejas en los puertos de entrada e implemente cambios institucionales incluyendo los mecanismos de capacitación, supervisión y transparencia que sean necesarios para prevenir que se cometan más abusos.

Entre los firmantes de la carta está la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial, la ACLU de Arizona, la ACLU de Nuevo México, la ACLU de Texas, el Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y el Programa de Derechos Humanos de ACLU.

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