Declaración actualizada sobre la muerte de Alfred Olango a manos de un oficial de la Policía de El Cajon

SAN DIEGO, CA – El martes, 27 de septiembre, un oficial de policía de El Cajon hirió fatalmente a Alfred Olango, hombre de raza negra desarmado, después de que su hermana pidiera a la policía que lo ayudaran debido a conductas relacionadas con su salud mental. Muchos de los detalles del tiroteo y lo que pasó antes del mismo todavía están siendo dilucidados. La ACLU está prestando cuidadosa atención y nuestros pensamientos están con la familia Olango durante estos difíciles momentos.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LA POLICÍA

Reiteramos nuestro llamado previo al Departamento de Policía de El Cajon (ECPD) y a la Fiscalía de Distrito de San Diego para que respondan las preguntas del público de forma expedita y para que rindan cuentas y sean transparentes en todos los aspectos de la investigación del incidente para que el público no dude de su objetividad y poder restaurar la confianza.

Siendo consistentes con nuestra posición sobre la transparencia, solicitamos que el ECPD dé a conocer el video completo de los eventos que condujeron al incidente. Esto ayudará a mitigar la predisposición negativa del público debido a la entrega selectiva de una sola imagen que sugiere que el Sr. Olango, la víctima, era una amenaza inminente para el oficial que le disparó y lo mató. Al compartir solo una imagen sin ningún contexto, el ECPD parece estar más interesado en defender a uno de los suyos que en proveer al público información objetiva. El público tiene derecho a ver el video completo, no solo la versión del ECPD.

Las cifras nacionales revelan que entre un tercio a la mitad de todos los tiroteos que involucran a un oficial implican a una persona discapacitada. También sabemos que los trastornos mentales y la discapacidad intelectual pueden ser factores ignorados en estos tiroteos. El Departamento de Policía de El Cajon conocía y estaba consciente del trastorno mental del Sr. Olango antes de llegar a la escena. Lamentablemente, el Equipo de Respuesta para Emergencias Psiquiátricas (PERT) estaba respondiendo a otra llamada y no estaba disponible para acompañar a la policía en su encuentro con el Sr. Olango. PERT, que enlaza a los oficiales de la ley con profesionales de la salud mental para responder a llamadas de emergencia que involucran crisis de salud mental, trabaja en todo el condado para apaciguar las interacciones negativas entre la policía y las personas en crisis. Exhortamos a que se haga una inversión sustancial y continua en PERT y en otros servicios de salud mental que trabajan para salvar las vidas del público y de los policías.

La cultura policial de exigir obediencia puede ser fatal para las personas que, debido a un trastorno mental o discapacidad intelectual, no comprendan y cumplan inmediatamente con las ordenes de la policía. En ausencia de una amenaza inmediata que no pueda ser controlada, usar fuerza letal contra una persona que no obedece debido a su salud o discapacidad mental es una violación de los derechos civiles de esa persona.

LOS DERECHOS DEL PÚBLICO

El público tiene derecho a reunirse pacíficamente, a consolarse mutuamente, a noticias e información de calidad, a cuestionar las políticas y prácticas de la policía y a protestar. Instamos a los medios noticiosos a que eviten criminalizar a la víctima al reportar los antecedentes del Sr. Olango – los que no eran del conocimiento de los oficiales en la escena y no fueron un factor en su muerte. Exhortamos a las autoridades a que sean compasivas y prudentes al proteger los derechos constitucionales de las personas y a no reaccionar exageradamente ante una protesta pública pacífica con vigilancia policial militarizada innecesaria.

La ACLU de San Diego está buscando testigos oculares a quienes la policía les haya confiscado sus teléfonos celulares. El ECPD emitió un comunicado diciendo que no había confiscado celulares, pero algunos reportes en los medios dicen lo contrario. El público debe comprender que, sin que exista una orden judicial, las personas tienen derecho a retener su propiedad. Se puede cooperar si la policía solicita un video enviándoles la información digital a través de un mensaje de texto o correo electrónico. Al confiscar el teléfono celular de los testigos, incluso con su consentimiento, la policía está quitándole a los testigos su derecho a compartir el video y quitándole al público la oportunidad de verlo.

EXCESIVA VIGILANCIA POLICIAL EN LAS COMUNIDADES DE COLOR

La ACLU de San Diego está monitoreando el problema de la excesiva vigilancia policial en las comunidades de color, particularmente cuando termina en tiroteos con los oficiales de policía. Este es un asunto que captando atención nacional y está aumentando las protestas públicas. En algunos casos, los hombres de raza negra que mueren a manos de la policía padecían trastornos o discapacidades mentales: Keith Lamont Scott en Charlotte – balaceado la semana pasada, Joseph Mann en Sacramento, Mario Woods en San Francisco, Kajime Powell en St. Louis, Freddie Gray en Baltimore y localmente, Fridoon Nehad quien murió el año pasado a manos de un oficial de la policía de San Diego. Creemos que los oficiales de policía solo deben usar la fuerza como último recurso y que los residentes más vulnerables de San Diego merecen la mayor compasión y los niveles más altos de protección.

La ACLU de los Condados de San Diego e Imperial continuará trabajando con las comunidades y personas afectadas, con las autoridades, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y funcionarios electos y civiles locales para alcanzar soluciones significativas.

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