Juez ordena el restablecimiento de los derechos electorales de decenas de miles de californianos

Demanda interpuesta por la ACLU y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles acusó a la Secretaria de Estado, Debra Bowen, de privar ilegalmente a los votantes de sus derechos

OAKLAND, Calif. – Un Juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda resolvió el día de hoy que la Secretaria de Estado Debra Bowen privó ilegalmente a decenas de miles de personas de sus derechos electorales hace dos años, determinando que quienes estaban bajo Supervisión Comunitaria Post Liberación (PRCS, por sus siglas en inglés) y supervisión obligatoria bajo la Ley de Reajuste de la Justicia Penal de California, son elegibles para votar.

“La decisión de hoy es una victoria para la democracia de California”, expresó Michael Risher, abogado de planta de la ACLU del Norte de California. “Al ratificar el claro lenguaje de las leyes electorales de nuestro estado, la decisión del tribunal ayudará a asegurar que en California, uno de los derechos fundamentales de la nación—el derecho al voto—sea protegido y no restringido.

En el fallo, el Juez del Tribunal Superior Evelio Grillo, expresó que el hecho de que la asamblea legislativa de California aprobara la Ley de Reajuste con la meta legislativa de facilitar una mejor reinserción en la sociedad de quienes han cumplido condenas por delitos graves, sugiere que los legisladores hubieran querido que las personas bajo PRCS y supervisión obligatoria mantuvieran su derecho al voto, redactando que “el claro lenguaje del estatuto sugiere que la integración de los convictos adultos en la sociedad se facilitará al permitir” que estas personas voten.

“Nuestra democracia le pertenece a toda persona que vive en Estados Unidos, no solo a unos cuantos”, expresó Dorsey Nunn, director ejecutivo de Todos Nosotros o Ninguno, uno de los demandantes del caso. “La democracia funciona mejor cuando es posible la participación de la mayor cantidad posible deciudadanos, incluyendo quienes han estado encarcelados.”

El Juez Grillo también siguió la antigua regla de California que estipula que se debe tomar en cuenta toda presunción razonable en favor del derecho electoral de las personas.

“El significado de esta victoria no puede exagerarse. El derecho al voto le da significado a todo los demás derechos que tenemos como ciudadanos y por esta razón, nuestras leyes requieren que se tome en cuenta toda presunción razonable en favor del derecho a votar”, expresó Meredith Desautels, abogada de planta del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco. “La decisión del tribunal valida las voces de los californianos que regresan a sus comunidades, asegurándoles que tendrán la oportunidad de contribuir de la misma forma que sus semejantes.”

En febrero, la Unión Americana de Libertades Civiles de California, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles y Servicios Legales para los Prisioneros con Hijos, interpusieron una demanda que acusó a Bowen de privar inconstitucionalmente a decenas de miles de personas del derecho al voto.

La demanda fue interpuesta en nombre de tres personas que habían perdido o que pronto perderían su derecho al voto, de la Liga de Mujeres Votantes de California y de Todos Nosotros o Ninguno,  organización sin fines de lucro que defiende los derechos de las personas que han estado o que están encarceladas y de sus familias.

“Deberíamos estar expandiendo los derechos electorales, no excluyendo a las personas de color”, expresó Jennifer A. Waggoner, presidente de la Liga de Mujeres Votantes de California. “Nuestra democracia es más fuerte cuando todos los que pueden hacerlo expresan sus valores y moldean su comunidad a través del voto.”

De acuerdo con la demanda, Bowen violó la ley del estado cuando envió una directriz a los funcionarios electorales locales en diciembre del 2011 aseverando que las personas no pueden votar si están bajo PRCS o supervisión obligatoria—dos nuevas e innovadoras alternativas a la libertad condicional creadas bajo la Ley de Reajuste de California para quienes han estado encarcelados recientemente por delitos de bajo nivel que no sean violentos o graves.

La demanda también argumentó que los votantes californianos aprobaron la Proposición 10 en 1974, ley estatal que estipula claramente que las únicas personas que no pueden votar en California son quienes están encarcelados en las prisiones estatales o están bajo libertad condicional.

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