Familias Separadas por Prácticas Coercitivas de Control Migratorio Podrán Ser Reunidas en los Estados Unidos

 

SAN DIEGO – Cientos, y hasta miles, de no ciudadanos que firmaron documentos de “salida voluntaria” en el Sur de California y fueron expulsados a México tendrán la oportunidad de aplicar para regresar a los Estados Unidos para buscar estatus migratorio legal, una corte de distrito federal ordenó hoy. El Juez John A. Kronstadt aprobó un acuerdo que aborda las prácticas engañosas que usaron agentes de control migratorio que le negaron el derecho de tener audiencia frente a un juez y su día en corte a los que firmaron documentos de “salida voluntaria”.

“La decisión de la corte hoy reconoce que la protección de nuestra frontera no puede venir al costo de los derechos garantizados por la Constitución”, dijo Gabriela Rivera, abogada de la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial. “Ahora podemos empezar el proceso de reunir algunas de las familias que pudieran haber permanecido juntas legalmente en los Estados Unidos pero fueron separadas por prácticas del gobierno que dependen en la mal información, engaño, y coerción”.

En Junio del 2013, la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial, la Fundación de la ACLU del Sur de California, el Proyecto de los Derechos de Inmigrantes de la ACLU, y Cooley LLP interpusieron una demanda, Lopez-Venegas v. Johnson, departe de individuos demandantes que fueron expulsados injustamente de los Estados Unidos y organizaciones demandantes que fueron forzadas a dedicar sus fondos limitados en respuesta a estas prácticas ilegales.

Los individuos demandantes no tenían historial criminal significativo, y sus raíces familiares podrían haberles permitido recibir alivio de la deportación si los agentes de la Patrulla Fronteriza o oficiales de ICE no hubieran mal representado las consecuencias de firmar un documento rechazando su derecho a una audiencia frente a un juez. Bajo los términos del acuerdo, nueve individuos demandantes regresaron a los Estados Unidos con sus seres queridos en agosto del 2014, con el mismo estatus legal que tenían antes de firmar los documentos de “salida voluntaria”.

“Los Estados Unidos deriva su autoridad al mantener en todo tiempo  los ideales de justicia y debido proceso establecidos  por nuestra Constitución,” dijo Darcie Tilly, una asociada de litigio de la oficina de Cooley LLP. “Estamos animados por la decisión de la corte hoy que va permitir la reunificación de muchas familias que fueron injustamente separadas.”

Una de las demandantes individuales, Isidora Lopez-Venegas, describió la angustia que las acciones del gobierno le causaron a ella y a su familia. “Mi expulsión de los Estados Unidos fue muy difícil para mi familia. Yo sé que muchos otros han sido afectados por la manera en que el gobierno aplica la salida voluntaria y estoy feliz que hoy el sueño de regresar a casa a abrazar a su familia puede convertirse una realidad para ellos– como mi sueño se cumplió” dijo Lopez-Venegas. Ella es madre de tres hijos, y firmó un documento de “salida voluntaria” en el 2011 después de ser amenazada que si no firmaba, su hijo quien es ciudadano americano y que a ese momento tenía 10 años y había sido diagnosticado con una clase de autismo sería mandado a “foster care” mientras que ella estuviera detenida por meses.

Los agentes le dijeron que en vez de que eso pasara ella podía firmar documentos para una “salida voluntaria” inmediata y fácilmente arreglar sus papeles en México. Porque ella es una madre soltera y sostén de su familia, ella estuvo  ansiosa de hacer la decisión que fuera en los mejores intereses de su familia, y con la mal información proporcionada, ella no vio otra opción si no firmar los documentos de “salida voluntaria”. Ella fue inmediatamente expulsada y su hijo – un ciudadano americano – fue forzado a vivir con ella fuera de los Estados Unidos. Ellos vivieron en México por tres años, Lopez-Venegas separada de sus hijas y su hijo de sus hermanas. Durante este difícil periodo, su hijo no recibió el tratamiento necesario para su autismo.

Ahora que Juez Kronstadt ha aprobado las provisiones del acuerdo respecto a la demanda colectiva, la ACLU y las tres organizaciones demandantes Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el Centro de Oportunidad Económica de Pomona, y el Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino se encargaran de buscar a miembros de la demanda colectiva en México. “Aquí en CHIRLA estamos emocionados de ayudar a familias que han sido afectadas por esta decisión de la corte”, dijo Luis Perez, Director de Servicios Legales de CHIRLA.

“La máquina de deportación es desafortunadamente algo que ha tocado las vidas de mucha de la gente de nuestra comunidad. Es algo que ha separado familias y quebrado la esperanza y sueños de mucha gente buena y trabajadora. Es algo que nos ha afectado a muchos directamente o indirectamente a través de amigos o compañeros de trabajo. Estamos felices porque el acuerdo va regresar algunos de los individuos que fueron quitados de nosotros y reunirlos con sus seres queridos y regresarlos a su camino a una mejor vida”, dijo Fernando Romero, director ejecutivo de Pomona Economic Oportunity Center.

Para calificar y ser un miembro de la demanda colectiva bajo el acuerdo Lopez-Venegas de “salida voluntaria” un individuo debe:

  • Haber firmado un documento de “salida voluntaria” entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014 y haber sido expulsado a México;
  • Haber tenido ciertas opciones legales para permanecer en los EUA legalmente cuando firmo una “salida voluntaria”;
  • Haber sido procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego o por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas en las oficinas del campo de San Diego o Los Ángeles; y
  • Estar físicamente presente en México al momento de someter una aplicación para ser miembro de la demanda colectiva.

Posibles miembros de la demanda colectiva deben de tener cuidado del fraude de notario. Solo la ACLU y organizaciones aprobadas por el ACLU van a poder someter aplicaciones para aprobación al gobierno por alivio legal bajo este acuerdo. La aplicación para alivio legal bajo este acuerdo es gratis, al igual que consultas relacionadas al determinar si es elegible para la demanda colectiva. Posibles miembros de la demanda colectiva y sus familias deben escribir a avd@aclusandiego.org o llamar 619-398-4189 dentro de los Estados Unidos o, desde México, usar este número gratuito 01-800-681-6917 para solicitar una consulta inicial.

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